Un avión de LATAM, compañía aérea latinoamericana. Imagen de Lukas Souza.
La migración en América Latina y el Caribe ya no puede explicarse solo como salida hacia Estados Unidos. Esa ruta sigue siendo la más grande, pero la región también acoge a millones de migrantes de países vecinos, recibe y envía grandes volúmenes de remesas, gestiona desplazamientos humanitarios y funciona como espacio de tránsito para personas que intentan llegar a Norteamérica. El resultado es un sistema migratorio regional en el que un mismo país puede ser origen, destino, tránsito y retorno.
El World Migration Report 2026, publicado por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), utiliza la edición de 2024 de los datos de Naciones Unidas sobre stock migratorio. Esa precisión es necesaria: las cifras indican dónde vivían las personas nacidas en el extranjero en un momento determinado, no cuántas cruzaron una frontera durante ese año. Los datos de rutas, solicitudes de asilo, desplazamiento interno y remesas miden partes distintas del mismo proceso.
En el plano global, la OIM estima que había unos 304 millones de migrantes internacionales a mediados de 2024, equivalentes al 3,7% de la población mundial. América Latina y el Caribe representan solo una parte de ese total, pero la región participa en algunos de los corredores migratorios más grandes del mundo. El corredor México-Estados Unidos sigue siendo el mayor corredor entre dos países. Además, el desplazamiento venezolano convirtió a Sudamérica en uno de los principales espacios de política de protección y regularización transfronteriza.
Patrón regional
El patrón de largo plazo más fuerte es el movimiento desde América Latina y el Caribe hacia Norteamérica. Según el capítulo regional del informe de 2026, más de 27 millones de personas nacidas en América Latina y el Caribe vivían en Norteamérica en 2024. En 1990, la cifra equivalente era algo inferior a 10 millones. El cambio refleja varios mecanismos a la vez. La demanda laboral y la reunificación familiar crearon rutas estables, mientras que la violencia, las crisis económicas y la proximidad geográfica mantuvieron el movimiento en el centro de la política regional.
Europa es el segundo gran destino externo. En 2024, alrededor de 6 millones de personas nacidas en América Latina y el Caribe vivían en Europa, frente a casi 5 millones en 2020. España recibe muchos migrantes de la región porque la lengua, las reglas de ciudadanía y los lazos familiares reducen algunas barreras de instalación. Portugal, Italia y otros países europeos también reciben migrantes latinoamericanos y caribeños, aunque Europa sigue siendo un destino menor que Norteamérica.
La migración intrarregional se convirtió en uno de los principales cambios desde 2020. Cerca de 14 millones de migrantes que vivían en América Latina y el Caribe en 2024 habían nacido en otro país de la misma región. La cifra comparable era algo inferior a 11 millones en 2020. El desplazamiento venezolano explica gran parte del aumento, pero no todo. Haitianos, cubanos y nicaragüenses también se mueven dentro de la región. Colombianos, ecuatorianos y centroamericanos aparecen en rutas laborales, sistemas de asilo y flujos de tránsito hacia el norte.
La región también recibe migrantes de fuera de América Latina y el Caribe, aunque en una escala menor. El informe de 2026 estima que el número total de migrantes de otras regiones que viven allí se ha mantenido cerca de 3 millones durante los últimos 35 años. En 2024, aproximadamente 1,2 millones habían nacido en Europa y 1,3 millones en Norteamérica. Algunos son jubilados, inversionistas, profesionales o migrantes de retorno con hijos nacidos fuera; otros se mudan por trabajo, estudio o familia.
Estos números muestran por qué la etiqueta de “región de emigración” es demasiado estrecha. México, Cuba, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Colombia y Honduras siguen siendo grandes países de origen de comunidades en Estados Unidos. Al mismo tiempo, varios países acogen poblaciones migrantes significativas. Los principales receptores incluyen Colombia y Perú, mientras que Chile, Brasil, Ecuador, Argentina, República Dominicana, México y Costa Rica también reciben flujos importantes. El problema político es que muchas instituciones migratorias fueron creadas cuando los gobiernos esperaban flujos más pequeños y previsibles.
Principales corredores
El corredor México-Estados Unidos domina el mapa. El informe de 2026 estima que alrededor de 11 millones de personas nacidas en México vivían en Estados Unidos en 2024. Esa cifra es menor que el máximo de casi 12 millones registrado en 2015, pero sigue superando cualquier otro corredor migratorio entre dos países. Refleja una larga historia de trabajo agrícola, mano de obra industrial, comunidades fronterizas, vínculos familiares y oportunidades económicas desiguales entre países vecinos.
Otros corredores importantes también llegan a Estados Unidos. Personas nacidas en El Salvador, República Dominicana y Cuba forman grandes comunidades allí. Lo mismo ocurre con personas nacidas en Guatemala, Colombia y Honduras. Cada corredor tiene una historia distinta. La migración cubana fue moldeada por la Revolución cubana, las dificultades económicas posteriores y políticas específicas de Estados Unidos. La migración salvadoreña, guatemalteca y hondureña se vinculó con conflictos civiles e inseguridad. Huracanes, mercados laborales débiles y redes familiares también influyeron en el desplazamiento hacia el norte.
Los dos grandes corredores fuera de Estados Unidos son venezolanos: Venezuela-Colombia y Venezuela-Perú. Su presencia entre los mayores corredores regionales muestra la escala de la crisis venezolana. En términos prácticos, esto significa que la política migratoria latinoamericana ya no trata solo de visas consulares y puestos fronterizos. También involucra matrícula escolar y sistemas de salud. Permisos de trabajo, documentos de identidad y presupuestos municipales determinan si las personas desplazadas pueden vivir de forma regular y sostenerse.
Los datos de corredores no deben leerse como datos de flujo anual. Un corredor es un stock acumulado de personas nacidas en un país y residentes en otro. Si 11 millones de personas nacidas en México viven en Estados Unidos, esa cifra incluye migrantes que llegaron hace décadas, llegadas recientes, ciudadanos naturalizados y distintas situaciones legales. Por eso, los datos de stock sirven para mostrar el tamaño de las comunidades, mientras que los datos fronterizos ayudan a entender presiones de corto plazo en rutas de tránsito.
Desplazamiento venezolano
La crisis venezolana es el mayor proceso de desplazamiento de la historia reciente de América Latina y el Caribe. El informe de 2026 afirma que unos 7,9 millones de venezolanos habían salido del país hasta noviembre de 2024. Alrededor del 85% fue a otro país latinoamericano o caribeño. Esa distribución distingue el caso venezolano de patrones migratorios orientados principalmente a Estados Unidos o Europa.
Los principales países receptores son cercanos o regionalmente accesibles. Colombia recibió alrededor de 2,8 millones de venezolanos, mientras que Perú recibió cerca de 1,6 millones. Brasil, Chile y Ecuador también albergan grandes poblaciones venezolanas. El informe de la OIM ofrece conteos ligeramente diferentes según la categoría estadística utilizada. Algunos venezolanos son contabilizados como refugiados o solicitantes de asilo. Otros aparecen como personas que necesitan protección internacional, o como migrantes con estatus regular o temporal.
La respuesta jurídica fue inusualmente amplia para los estándares regionales. Colombia creó en 2021 un Estatuto de Protección Temporal que ofreció a venezolanos elegibles una vía hacia residencia de diez años. Perú lanzó en 2023 un Permiso Temporal de Permanencia para venezolanos en situación irregular. Argentina, Brasil, Ecuador y Perú también usaron reglas documentales flexibles en distintos momentos, incluso aceptando pasaportes vencidos o documentos de identidad. Estas medidas no eliminaron la irregularidad, pero dieron a muchas personas una vía para trabajar, matricular hijos en la escuela y usar servicios públicos.
R4V, la plataforma regional coordinada por la OIM y ACNUR, muestra por qué el estatus legal es solo parte del problema. Su Plan Regional de Respuesta para Refugiados y Migrantes 2025-2026 señala que los gobiernos receptores proporcionaron documentación migratoria o reconocimiento como refugiados a unos 4,5 millones de refugiados y migrantes venezolanos. Aun así, R4V estimó que 4,18 millones de venezolanos en países de destino seguían enfrentando dificultades para acceder a servicios esenciales, protección e integración socioeconómica en los 17 países cubiertos por la respuesta.
El caso venezolano también muestra el efecto de las restricciones de visa. El informe de 2026 observa que muchos países inicialmente permitieron la entrada de venezolanos sin visa, pero la mayoría introdujo requisitos después. Estas medidas redujeron algunas entradas regulares y, al mismo tiempo, empujaron a personas hacia rutas irregulares y estatus más precarios. El requisito de visa adoptado por México en 2022 es un ejemplo: las entradas regulares cayeron, mientras que el movimiento irregular después superó las llegadas regulares.
Centroamérica, México y la ruta del Darién
Centroamérica y México están entre Sudamérica y Estados Unidos, por lo que su política migratoria combina presiones de origen, tránsito, destino y control. Personas de Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua siguen moviéndose por inseguridad, salarios bajos, redes familiares, servicios públicos débiles y choques climáticos. Al mismo tiempo, personas de Venezuela, Haití, Cuba y Ecuador usan la región como ruta hacia el norte. Algunos migrantes de fuera de las Américas también siguen ese camino.
El Tapón del Darién, entre Colombia y Panamá, se convirtió en el símbolo más claro de este sistema de rutas. La travesía pasa por una selva marcada por ríos, barro y poca capacidad de rescate. Grupos criminales, violencia sexual y extorsión hacen el viaje más peligroso. Para muchos migrantes, cruzar el Darién significa que el viaje aéreo regular, el acceso a visas o rutas terrestres más seguras ya fueron cerrados o se volvieron demasiado costosos.
Los datos de ruta cambiaron bruscamente después de 2024. La Matriz de Seguimiento de Desplazamiento de la OIM informó, en la edición de mayo a agosto de 2025 de su panorama global de rutas, que los tránsitos irregulares por la región del Darién en Panamá habían caído 99% en comparación con 2024. La OIM también informó que 92% de los flujos se dirigía hacia el sur, hacia Centroamérica y Sudamérica, y no hacia el norte. Esa reversión acompañó un mayor control y cambios en la política de Estados Unidos. Medidas panameñas, ahorros agotados y expectativas de asilo frustradas también llevaron a algunas personas a abandonar la ruta norte.
La caída de los cruces por el Darién muestra cómo las señales políticas y de control pueden redirigir rápidamente los desplazamientos. Las rutas pueden cerrarse, invertirse o volverse menos visibles incluso cuando las presiones que impulsan la migración permanecen. Algunas personas regresan al sur. Otras se quedan en México, Costa Rica, Panamá o Colombia. Algunas esperan citas, opciones de regularización o trabajo. Otras eligen rutas más ocultas, lo que suele dar más control a coyotes y grupos criminales.
Para los gobiernos, el problema de las rutas es administrativo y humanitario. Los países de tránsito necesitan albergues, sistemas de registro, servicios de salud, protección infantil y capacidad policial. Los países de destino quieren controlar entradas y acceso al asilo. Los países de origen enfrentan los efectos sociales de la emigración y el retorno. Ningún gobierno controla toda la ruta, por lo que el control en un país a menudo desplaza la presión hacia otro.
Movilidad en el Caribe
El Caribe tiene una lógica migratoria propia. Algunos países caribeños tienen altas tasas de emigración porque sus mercados laborales pequeños no absorben a todos los trabajadores, especialmente en profesiones especializadas. Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Países Bajos, Francia y España tienen comunidades caribeñas moldeadas por historia colonial, lengua, turismo, educación y empleos de servicios. Las remesas ayudan a muchos hogares, pero la emigración también puede reducir la oferta de enfermeros, docentes y otros trabajadores capacitados.
El Caribe también es destino y zona de tránsito. En los Estados insulares, la política migratoria suele tener que gestionar al mismo tiempo escasez de mano de obra, vínculos de diáspora y llegadas humanitarias repentinas. El desplazamiento venezolano alcanzó Trinidad y Tobago, Aruba, Curazao, República Dominicana y Guyana, entre otros lugares. La crisis haitiana agregó otra capa. La violencia de pandillas, la inestabilidad política y el colapso económico desplazaron a haitianos dentro y fuera del país, mientras República Dominicana endureció controles y deportaciones. Cuba también registró una gran salida, especialmente hacia Estados Unidos y a través de terceros países.
Los arreglos regionales de movilidad tienen relevancia, pero no eliminan todas las barreras. Las reglas de CARICOM permiten que algunas categorías de nacionales calificados se muevan y trabajen en partes del Mercado y Economía Únicos del Caribe. En la práctica, la implementación varía según el país, la ocupación y la documentación. Esto crea una distancia entre la movilidad regional formal y la realidad de trabajadores de bajos ingresos, solicitantes de asilo y personas sin papeles completos.
El riesgo ambiental es parte constante de la movilidad caribeña. Huracanes, inundaciones, erosión costera y daños a infraestructura pueden provocar desplazamiento temporal, reubicación de largo plazo o nueva emigración. En pequeños Estados insulares, una sola tormenta puede dañar viviendas e ingresos turísticos al mismo tiempo. Escuelas, hospitales y deuda pública pasan entonces a formar parte del problema migratorio. La migración se vuelve una estrategia doméstica entre varias: una familia puede enviar a un integrante al exterior, depender de remesas para reconstruir o mudarse dentro del país lejos de zonas expuestas.
Remesas y desarrollo
Las remesas conectan la migración con la vida económica cotidiana. El informe de 2026 señala que las remesas globales debían llegar a 905.000 millones de dólares en 2024, incluidos 685.000 millones destinados a países de ingresos bajos y medios. México fue el segundo mayor receptor de remesas del mundo en 2024, con 67.640 millones de dólares. Guatemala también estuvo entre los diez mayores receptores, con 21.640 millones.
Estos flujos tienen efectos concretos para las familias. Pagan comida y alquiler. También cubren medicinas, gastos escolares, reparaciones de vivienda y deudas. Durante desastres o crisis económicas, las remesas pueden llegar más rápido que la asistencia pública. Para algunos países de Centroamérica y el Caribe, representan una parte importante del ingreso nacional. Por eso, cambios en la política migratoria de Estados Unidos pueden afectar el consumo de hogares mucho más allá del territorio estadounidense.
Las remesas reducen dificultades para muchas familias, pero no sustituyen la inversión pública ni el empleo estable en el país de origen. Un hogar que recibe dólares del exterior puede mejorar su vivienda o sus perspectivas educativas, mientras la economía local sigue sin suficientes empleos, seguridad o infraestructura. Además, las remesas dependen de los salarios y de la situación legal de los migrantes en el exterior. Las familias en países de origen sienten rápidamente los cambios de política extranjera cuando los migrantes pierden trabajo, enfrentan deportación o pasan a canales informales.
Los costos de transferencia siguen siendo un tema de política pública. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible fijaron la meta de reducir el costo medio de enviar remesas a menos del 3%. El informe de 2026 indica que los costos han bajado en varias regiones, pero siguen por encima de esa meta. En 2023, los costos medios en América Latina y el Caribe rondaban el 5,9%. Para hogares de bajos ingresos, esa diferencia es dinero que no llega a quien recibe la transferencia.
Desastres, violencia y desplazamiento interno
Las estadísticas migratorias suelen concentrarse en quienes cruzan fronteras, pero muchas personas de la región se desplazan primero dentro de su propio país. Los desastres produjeron algunos de los mayores desplazamientos internos de América Latina y el Caribe en 2024. El informe de 2026, con datos de IDMC, registró más de 1 millón de desplazamientos internos por desastre en Brasil, principalmente vinculados a las inundaciones en Rio Grande do Sul. Cuba registró unos 480.000 desplazamientos por desastre, en gran medida después de los huracanes Oscar y Rafael.
Los conflictos y la violencia criminal también fuerzan movimiento dentro de las fronteras nacionales. Haití registró casi 900.000 desplazamientos asociados al conflicto en 2024, y más de 1 millón de personas estaban internamente desplazadas al final de ese año. Colombia registró 388.000 desplazamientos internos por conflicto, mientras Ecuador registró más de 100.000. Estos casos muestran que el desplazamiento regional no deriva solo de la pobreza o de la migración voluntaria por trabajo. Grupos armados, control territorial, extorsión y debilidad estatal pueden obligar a personas a salir aunque prefieran quedarse.
La movilidad relacionada con el clima probablemente será más visible, pero conviene describirla con cuidado. Un huracán, una sequía o una inundación rara vez actúa solo. El evento afecta la migración a través de cultivos, deudas, vivienda y empleo local. Seguros, servicios públicos y percepciones de riesgo futuro influyen en quién puede quedarse y quién se mueve. Las personas con dinero pueden salir antes de un desastre o reconstruir después. Las personas con menos recursos pueden quedar atrapadas en zonas expuestas o ser empujadas a formas más riesgosas de movilidad.
Decisiones de política
América Latina y el Caribe ha experimentado con más regularización que muchas otras regiones. La respuesta venezolana es el ejemplo más claro de regularización a gran escala en la región. Otros instrumentos incluyen acuerdos regionales de residencia, visas humanitarias y canales de asilo. Visas de trabajador fronterizo y arreglos limitados de libre circulación también cumplen una función. Estos mecanismos permiten que los gobiernos identifiquen personas, recopilen datos, autoricen trabajo y reduzcan el poder de los traficantes sobre migrantes que de otro modo permanecerían irregulares.
Los límites también son claros. Los programas de regularización requieren capacidad administrativa, financiamiento y apoyo político. Cuando los documentos vencen, las citas son escasas, las tasas son altas o los empleadores discriminan, el estatus legal en papel puede no producir inclusión estable. Los gobiernos locales suelen cargar con el peso práctico, porque los migrantes viven en ciudades y zonas fronterizas, no en documentos nacionales de política pública. Escuelas, clínicas e inspectores laborales necesitan recursos para que la regularización sea más que registro.
Las políticas restrictivas pueden reducir cruces visibles en el corto plazo, pero con frecuencia desplazan el movimiento hacia otro lugar. Requisitos de visa, deportaciones y cierres fronterizos pueden reducir una ruta mientras aumentan entradas irregulares, permanencias más allá del plazo autorizado, tarifas de coyotes o flujos de retorno. Los Estados conservan el derecho de regular fronteras. El control funciona mejor cuando se combina con vías legales, sistemas de documentación y reglas laborales. La capacidad de asilo y la cooperación con países vecinos determinan si la presión se comparte o solo se desplaza.
El sistema migratorio regional seguirá siendo mixto. Algunas personas se moverán por trabajo o estudio. Otras huirán de violencia, desastre o crisis política. Algunas regresarán, circularán o se instalarán de forma permanente. La cuestión central de política pública es cuánto de ese movimiento ocurrirá por canales regulares que permitan identificación, trabajo, tributación y acceso a servicios básicos. Cuando esos canales son demasiado estrechos, la migración no se detiene; se vuelve más cara, menos visible y más peligrosa.