Presentaciones de medidas de fomento de la confianza de la Convención sobre Armas Biológicas entre 1987 y 2020, un indicador de la transparencia voluntaria en el régimen. Imagen de Ego.Eudaimonia, con licencia CC BY-SA 4.0.
La Convención sobre Armas Biológicas, conocida también por su nombre inglés Biological Weapons Convention (BWC), es el tratado que prohíbe las armas biológicas y toxínicas. Abierta a la firma en 1972 y en vigor desde 1975, convirtió una prohibición humanitaria en un compromiso permanente de desarme. Su núcleo es la regla de finalidad: los agentes biológicos, las toxinas y los medios de lanzamiento solo son lícitos cuando sirven a fines pacíficos, profilácticos o protectores.
La dificultad política nace del doble uso de la biología. Las vacunas, los diagnósticos, la vigilancia de enfermedades y la investigación con patógenos exigen capacidades que también pueden desviarse hacia fines hostiles. La Convención prohibió toda una categoría de armas de destrucción masiva. Sin embargo, la arquitectura elegida fue más ligera que la creada después para las armas químicas: el tratado tiene una fuerza normativa amplia, mientras que su verificación depende de la transparencia voluntaria, la implementación nacional y la negociación política continua.
Resumen
- La Convención sobre Armas Biológicas fue el primer tratado de desarme que prohibió toda una categoría de armas de destrucción masiva.
- La laguna central del régimen es institucional: la convención carece de una agencia propia para inspecciones rutinarias y evaluación permanente del cumplimiento.
- Las medidas de fomento de la confianza ayudan a reducir sospechas, aunque dependen de presentaciones nacionales regulares.
- Los controles de exportación y la legislación interna dan efecto concreto a los artículos I, III y IV.
- El ciclo de reuniones de 2023 a 2026 prepara opciones para la Décima Conferencia de Examen, prevista para celebrarse a más tardar en 2027.
Del Protocolo de Ginebra a la Convención
El antecedente directo de la Convención sobre Armas Biológicas es el Protocolo de Ginebra de 1925. Ese instrumento prohibió el uso bélico de gases venenosos y de métodos bacteriológicos como respuesta a la Primera Guerra Mundial. La diferencia decisiva es que el Protocolo de Ginebra se dirigía al uso en la guerra. La Convención alcanzó el ciclo de preparación del arma. Ese paso importó porque la investigación, la producción y la conservación de agentes podían permanecer fuera del centro de la prohibición de 1925.
Después de la Segunda Guerra Mundial, las armas biológicas y químicas pasaron a formar parte de la agenda de las armas de destrucción masiva. La Asamblea General de las Naciones Unidas ya hablaba en 1946 de eliminar armamentos atómicos y otros medios capaces de destrucción masiva. Las negociaciones avanzaron lentamente por la sensibilidad de los intereses militares e industriales. A finales de la década de 1960, la separación entre los temas químico y biológico abrió el camino: el Reino Unido propuso tratar primero las armas biológicas, y Estados Unidos anunció el cierre unilateral de su programa ofensivo.
Ese movimiento permitió concluir la Convención en 1972. El texto oficial, disponible en la base de tratados de la UNODA, usa una fórmula amplia. En lugar de depender de una lista cerrada de agentes, la convención regula el tipo, la cantidad y la finalidad: el mismo microorganismo puede ser lícito en salud pública e ilícito dentro de un programa ofensivo. Esa opción preserva la capacidad del tratado para acompañar los cambios científicos.
Obligaciones centrales
El artículo I es el centro del tratado. Obliga a cada Estado Parte a mantener agentes biológicos y toxinas solo en tipos y cantidades justificables por fines pacíficos, profilácticos o protectores. La regla alcanza también los medios de lanzamiento destinados a fines hostiles. La redacción es deliberadamente neutra desde el punto de vista tecnológico: cubre agentes naturales, sintéticos o modificados sin depender del método de producción.
El artículo II convierte la adhesión en desarme. Las reservas prohibidas deben destruirse o desviarse hacia usos pacíficos. El artículo III lleva la prohibición al terreno de la no proliferación, al vedar la transferencia y la asistencia a programas prohibidos. Por tanto, la convención va más allá de condenar el empleo de armas biológicas y busca impedir la formación de la capacidad ofensiva.
El artículo IV traslada esa obligación al derecho interno. Las leyes penales, las normas de laboratorio, los controles de materiales y la fiscalización de exportaciones dan efecto doméstico a la Convención. Sin esas medidas, la prohibición quedaría en el plano abstracto. El Estado asume el tratado internacionalmente y debe aplicarlo a universidades, empresas, fuerzas armadas, laboratorios públicos e intermediarios comerciales.
La laguna de verificación
La Convención carece de un mecanismo propio de verificación. El tratado prevé consultas entre Estados Partes y permite presentar reclamaciones ante el Consejo de Seguridad, cuyo funcionamiento depende de una decisión política en un órgano sujeto a veto. El resultado es una prohibición fuerte con una fiscalización débil: existe una norma clara, pero falta una autoridad técnica permanente que pueda inspeccionar, auditar y certificar el cumplimiento.
La laguna tiene una base técnica y política. Las actividades legítimas e ilícitas pueden usar equipos parecidos, instalaciones civiles y personal científico común. Un fermentador o una colección de patógenos adquiere significado por la escala, el secreto y la finalidad del programa. Al mismo tiempo, los Estados con sectores farmacéuticos o de biodefensa temen exponer secretos industriales e información de seguridad nacional. La verificación biológica exige suficiente acceso para generar confianza, con protección suficiente para preservar la investigación lícita.
Esa fragilidad afecta a la diplomacia cotidiana. Un Estado que cumple la convención puede verse presionado a demostrar la licitud de investigaciones defensivas sin revelar detalles sensibles. Otro Estado puede usar acusaciones vagas para constriñir a sus rivales. Los mecanismos mínimos de aclaración tienen valor propio. Crean rutinas de preguntas y respuestas antes de la escalada pública. En un régimen sin inspectores, la documentación nacional y los canales técnicos funcionan como evidencia política de buena fe.
En la década de 1990, una conferencia especial creó un grupo ad hoc para negociar medidas de fortalecimiento. El intento de producir un instrumento vinculante de verificación fracasó en la Quinta Conferencia de Examen, en 2001 y 2002. Desde entonces, el régimen ha avanzado mediante instrumentos incrementales: transparencia voluntaria, asistencia técnica, reuniones anuales y debates sobre ciencia y tecnología. La convención sobrevivió, pero la distinción entre biodefensa legítima y preparación ofensiva sigue siendo políticamente sensible.
Medidas de confianza y apoyo institucional
Las medidas de fomento de la confianza, conocidas por la sigla inglesa CBM, se acordaron en 1986 y se ampliaron en 1991. Piden información nacional sobre biodefensa, laboratorios relevantes, legislación y eventos sanitarios inusuales. Su función es reducir la ambigüedad antes de que la sospecha se convierta en acusación diplomática. Cuando los informes llegan de forma regular, otros gobiernos pueden distinguir con más cuidado el silencio administrativo, la duda técnica y una señal de riesgo.
El gráfico usado como imagen principal resume la limitación de este sistema. Las presentaciones crecieron entre 1987 y 2020, pero la participación siguió siendo incompleta. La transparencia es desigual: los Estados con más capacidad administrativa tienden a informar mejor. Las administraciones con pocos recursos pueden fallar por limitación institucional. En sentido inverso, la ausencia de inspección facilita declaraciones selectivas de un gobierno que quiera ocultar una actividad prohibida.
La Unidad de Apoyo a la Implementación, o ISU por su sigla inglesa, fue creada por la Sexta Conferencia de Examen, en 2006, y funciona en Ginebra bajo la Oficina de Asuntos de Desarme de las Naciones Unidas. La Novena Conferencia de Examen renovó su mandato hasta 2027. La ISU sostiene la administración del régimen, recibe las CBM y ayuda a la universalización, aunque permanece lejos de ser una agencia inspectora. Organiza la cooperación, mientras que las decisiones sobre incumplimiento siguen en manos de los Estados.
Exportaciones, controles sensibles y Resolución 1540
Como la Convención prohíbe la asistencia a armas biológicas, los controles de exportación se convirtieron en un complemento operativo del tratado. El arreglo de controles armonizados conocido como Grupo de Australia, creado en 1985 después del uso de armas químicas en la guerra Irán-Irak y coordinado por Australia, armoniza normas nacionales sobre artículos sensibles de doble uso. La lógica es cerrar brechas comerciales entre jurisdicciones sin convertir la Convención en un tratado comercial.
En el campo biológico, esos controles alcanzan listas de agentes y equipos que podrían alimentar un programa ofensivo. Su relación con la Convención aparece en los artículos I y III: bloquear una transferencia sensible ayuda al Estado exportador a evitar una asistencia prohibida. La Resolución 1540 del Consejo de Seguridad, adoptada en 2004, refuerza esa capa al exigir controles contra actores no estatales interesados en armas de destrucción masiva.
Ese instrumento tiene un coste político. Los regímenes informales de exportación reúnen a participantes específicos, y los países ajenos pueden verlos como barreras tecnológicas. La biotecnología circula por servicios de síntesis, cadenas comerciales y personal especializado, lo que reduce la eficacia de las listas rígidas. Por esa razón, los controles solo conservan legitimidad cuando avanzan junto con la cooperación pacífica prevista en el artículo X. La salud pública y la seguridad deben aparecer como objetivos compatibles.
Ciencia, bioseguridad y doble uso
La biología sintética ha hecho más difícil administrar la Convención. La secuenciación, la edición genética y la síntesis de ADN aceleran vacunas, diagnósticos y vigilancia de brotes. Las mismas capacidades pueden aumentar la estabilidad, la transmisibilidad o la ocultación de un agente usado con finalidad hostil. El desafío del régimen es gobernar el desvío, no congelar la ciencia. La cuestión central pasa a estar en articular investigación abierta y responsabilidad institucional.
Esa agenda acerca la Convención a la bioseguridad. El término abarca la protección contra la exposición accidental o deliberada a agentes peligrosos, con reglas sobre acceso, inventario, formación y transporte. Cuando esas prácticas funcionan, reducen accidentes y dificultan el desvío. Las instalaciones civiles frágiles pueden generar riesgo incluso sin un programa estatal de armas, sobre todo cuando manejan patógenos de alta consecuencia.
La cooperación científica prevista en el artículo X debe leerse junto con esa responsabilidad. Los países en desarrollo tienen un interés legítimo en capacidad de laboratorio, vigilancia sanitaria y producción farmacéutica. Los programas de asistencia deben incluir formación regulatoria y cultura de seguridad. Una solución equilibrada rechaza dos simplificaciones: tratar toda biotecnología avanzada como amenaza militar o tratar el acceso pacífico como una actividad sin salvaguardias.
Para los países con capacidad biológica limitada, la fiscalización comparte espacio con necesidades básicas de seguridad de laboratorio. Los laboratorios seguros, la vigilancia de enfermedades y las normas de transporte reducen riesgos internos y fortalecen la convención desde abajo. Cuando la implementación nacional mejora, el régimen gana menos por el castigo que por la previsibilidad. Esa lógica ayuda a explicar el énfasis en asistencia y cooperación en las reuniones recientes.
Casos históricos y preocupaciones de cumplimiento
Los ejemplos históricos explican por qué la verificación pesa tanto. Antes de la Convención, el Japón imperial usó armas biológicas y realizó experimentos humanos en Manchuria, especialmente a través de la Unidad 731. Después de la entrada en vigor de la convención, el programa soviético conocido como Biopreparat se convirtió en el ejemplo clásico de riesgo institucional. Demostró que una capacidad prohibida podía ocultarse dentro de estructuras científicas e industriales formalmente civiles.
En el presente, las preocupaciones de cumplimiento aparecen en informes nacionales, acusaciones diplomáticas y disputas sobre biodefensa. Los informes de Estados Unidos citan evaluaciones sobre Rusia, China, Corea del Norte e Irán. Esas evaluaciones son la posición de un gobierno concreto, y la Convención carece de una autoridad verificadora capaz de transformarlas en una decisión técnica del régimen. La consecuencia es política: las sospechas entran rápidamente en la rivalidad entre Estados cuando falta una investigación aceptada por todos.
La ambigüedad afecta también a los brotes y accidentes. Una enfermedad inusual puede nacer de un evento natural, de un fallo de bioseguridad, de un accidente de laboratorio o de una liberación deliberada. Cada hipótesis exige una investigación propia. Las rivalidades políticas, el secreto militar y la falta de acceso al lugar pueden distorsionar la respuesta. La Convención añade una pregunta de desarme al trabajo sanitario: si hubo uso hostil o desarrollo prohibido, ¿qué pruebas sostienen esa conclusión?
El proceso de examen y el debate de 2023 a 2026
La Conferencia de Examen es el principal momento político de la Convención. El artículo XII prevé evaluaciones periódicas del funcionamiento del tratado. La Novena Conferencia de Examen, concluida en 2022, mantuvo reuniones anuales entre 2023 y 2026, renovó la ISU hasta 2027 y creó un grupo de trabajo sobre el fortalecimiento de la convención. Ese grupo concentra el debate que llevará a la Décima Conferencia de Examen, prevista para celebrarse a más tardar en 2027.
La presidencia brasileña del grupo de trabajo, asumida por el embajador Frederico Duque Estrada Meyer en 2024, da relevancia directa al tema para la diplomacia de Brasil. La posición brasileña suele articular desarme, no proliferación y acceso pacífico a la tecnología. En la Convención, eso significa apoyar una mayor confianza sin convertir la biotecnología en el privilegio de pocos países. Un régimen sin medios fiables de evaluación queda vulnerable. Un régimen percibido como discriminatorio pierde legitimidad.
El ciclo hasta 2027 pondrá a prueba la capacidad de los Estados Partes para transformar el consenso en instrumentos. Mejorar las CBM, ampliar la asistencia y fortalecer la ISU tiende a generar menos resistencia. Cualquier mecanismo cercano a la inspección o a la evaluación internacional del cumplimiento será más sensible. La controversia real está en el grado de transparencia que los Estados aceptan conceder cuando los laboratorios, la defensa nacional y la industria biotecnológica ocupan el mismo espacio.
Significado político de la convención
La Convención establece una línea normativa clara: las enfermedades, las toxinas y las capacidades biológicas deben permanecer fuera de la guerra. Esa línea permite exigir legislación nacional, organizar asistencia, justificar controles de exportación y tratar las sospechas de uso como un problema de seguridad internacional. Incluso con instituciones limitadas, la convención da a los Estados un lenguaje jurídico común para condenar programas ofensivos y orientar políticas de bioseguridad.
El régimen muestra un rasgo recurrente del desarme contemporáneo. Prohibir un arma es distinto de construir la infraestructura que hace verificable esa prohibición. La Convención sobre Armas Químicas creó una organización especializada para las armas químicas. La Convención sobre Armas Biológicas quedó apoyada en compromisos nacionales y procesos diplomáticos. Su futuro dependerá de la capacidad de acercar norma e institución: preservar la cooperación científica pacífica y dar al régimen medios más fiables para detectar, investigar y responder a violaciones.