Los rompehielos Louis S. St-Laurent y Healy durante un levantamiento de la plataforma continental en el océano Ártico. Foto de Petty Officer 3rd Class Patrick Kelley / U.S. Coast Guard, dominio público, vía Wikimedia Commons.
Gobernar el Ártico es difícil: la región no es solo un espacio helado en el extremo norte del planeta. Es un océano parcialmente cubierto de hielo, rodeado por los ocho Estados árticos, donde el cambio climático modifica las condiciones físicas que estructuraban la política regional. Con menos hielo marino, intereses comerciales, militares, científicos e indígenas se encuentran en zonas antes inaccesibles durante buena parte del año. Por eso, la cuestión ártica no es solo climática: reorganiza autoridad sobre rutas, jurisdicción marítima y capacidad de respuesta ante accidentes lejos de los puertos.
Resumen
- El deshielo no hace que el Ártico sea fácil de utilizar; hace más accesibles algunas rutas y zonas de recursos, lo que aumenta las disputas sobre navegación, regulación y control.
- La Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar organiza buena parte del debate jurídico al separar derechos costeros, uso económico y libertades de navegación.
- El Consejo Ártico favorece la cooperación ambiental y científica con participación indígena. La seguridad militar queda fuera de su mandato, y la invasión rusa de Ucrania limitó su actividad.
- Comunidades locales, recursos, infraestructura y salvamento muestran que la gobernanza ártica depende tanto de reglas jurídicas como de capacidades materiales.
El Ártico como cuestión de gobernanza regional
La gobernanza ártica parte de la relación entre tierra, mar y hielo. Los Estados ribereños no gobiernan todo el océano Ártico como territorio nacional. Ejercen, más bien, derechos graduados según la distancia a la costa, el estatuto jurídico de las aguas y la geología del fondo marino. Esa diferencia explica por qué la región no puede entenderse como una carrera abierta por recursos sin dueño. Las disputas se concentran en cómo interpretar reglas marítimas y ambientales que distribuyen autoridad dentro de un mismo espacio físico.
Algunos debates presentan el Ártico como un bien público mundial o incluso como parte del patrimonio común de la humanidad. Ese lenguaje no refleja bien la estructura jurídica dominante. La Antártida está regulada por un sistema de tratados que congela las reclamaciones territoriales y privilegia la ciencia y la desmilitarización. El Ártico, en cambio, está rodeado por Estados soberanos y habitado por comunidades con derechos políticos, culturales y económicos. Por ello, los Estados árticos suelen defender que el derecho del mar, los acuerdos ambientales, los foros regionales y las legislaciones nacionales ya ofrecen el marco principal para la región.
Esta arquitectura favorece a los Estados con costa ártica, sin excluir a los actores externos. Países asiáticos y europeos siguen la región por los efectos del deshielo sobre comercio, investigación climática, mercados energéticos y acceso científico. Brasil, por su parte, empezó a tratar el Ártico como un asunto diplomático concreto: envió su primera expedición científica oficial al círculo polar ártico en 2023, realizó una segunda expedición en 2024 y recreó un grupo de trabajo sobre el Ártico dentro de su estructura interministerial de recursos marítimos. Para un Estado con una larga costa atlántica y experiencia propia ante la Comisión de Límites de la Plataforma Continental, la distancia geográfica no elimina el interés diplomático.
Rutas marítimas y política de la navegación
El hielo marino funciona como barrera física, coste económico y condición de seguridad. Cuando disminuye su extensión en verano, algunos pasos se vuelven navegables durante periodos más largos, aunque siguen siendo peligrosos. La Ruta Marítima del Norte acompaña la costa siberiana rusa entre el mar de Barents y el estrecho de Bering. El paso del Noroeste atraviesa el archipiélago ártico canadiense. Una ruta transpolar, más directa por el océano central, depende de una pérdida de hielo más profunda y de infraestructuras todavía insuficientes. Ninguna de estas rutas sustituye automáticamente a Suez, Panamá o Malaca: las navieras calculan riesgo operativo, apoyo logístico y previsibilidad regulatoria antes de desviar cargas.
La disputa jurídica aparece cuando una ruta más corta deja de ser solo una línea en un mapa. Rusia trata partes de la Ruta Marítima del Norte como aguas sometidas a una regulación rusa intensa, con procedimientos de autorización y apoyo a la navegación. Estados Unidos y otros defensores de la libertad de navegación tienden a leer los estrechos usados para la navegación internacional como espacios sujetos al paso en tránsito o, en algunos casos, al paso inocente no suspendible. Canadá sostiene que las aguas de su archipiélago ártico son aguas interiores, mientras que Washington las trata como un paso internacional. El deshielo hace más frecuente una pregunta de soberanía práctica: quién controla el paso de buques.
La perspectiva transpolar muestra la diferencia entre posibilidad física y gobernanza real. Un océano con menos hielo no ofrece por sí solo la infraestructura que convierte un paso ocasional en una ruta confiable. Siguen haciendo falta apoyo náutico, comunicación, rescate y capacidad de respuesta en latitudes altas. Cuando buques comerciales y de investigación entran en aguas más remotas, los gobiernos deben asignar responsabilidades por accidentes marítimos y emergencias ambientales. El Acuerdo de Búsqueda y Salvamento en el Ártico, adoptado en 2011 y en vigor desde 2013, es gobernanza porque reparte áreas de responsabilidad antes de que ocurra la emergencia.
CNUDM, ZEE y plataforma continental
La Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar proporciona el principal vocabulario jurídico de las disputas árticas. Un Estado ribereño puede tener mar territorial hasta 12 millas náuticas, zona económica exclusiva hasta 200 millas náuticas y derechos soberanos sobre los recursos de la plataforma continental. La ZEE no equivale a soberanía plena: otros Estados conservan libertades como la navegación, el sobrevuelo y el tendido de cables y tuberías, siempre que respeten los derechos del Estado ribereño. Esta distinción es decisiva en el Ártico, porque un mismo espacio puede estar económicamente controlado por un Estado y seguir abierto a la navegación internacional.
La plataforma continental añade otra capa. Cuando un Estado sostiene que el fondo marino más allá de 200 millas náuticas es prolongación natural de su territorio terrestre, puede presentar datos científicos a la Comisión de Límites de la Plataforma Continental. La Comisión examina la base técnica, pero no resuelve disputas de soberanía entre Estados. Por eso, dorsales submarinas como Lomonósov y Mendeléyev son políticamente sensibles: Rusia, Dinamarca por medio de Groenlandia y Canadá pueden interpretar la geología del océano central como fundamento de reclamaciones superpuestas. La bandera rusa depositada en el lecho marino bajo el polo Norte en 2007 tuvo valor simbólico; el proceso jurídico depende de la geología, de recomendaciones técnicas y de delimitaciones negociadas.
Otra capa aparece en disputas más localizadas. La delimitación del mar de Beaufort involucra a Estados Unidos y Canadá. El mar de Bering y las zonas cercanas remiten al acuerdo de frontera marítima firmado en 1990 por Estados Unidos y la Unión Soviética, que la Rusia postsoviética no ha ratificado plenamente. Svalbard está bajo soberanía noruega por el Tratado de 1920, pero los derechos económicos iguales concedidos a los nacionales de los Estados parte siguen generando debates sobre recursos y jurisdicción marítima. La división de la isla Hans entre Canadá y Dinamarca en 2022 mostró que algunas disputas árticas pueden resolverse por vía diplomática, aunque no eliminó los conflictos más difíciles sobre aguas, plataformas, rutas y valor estratégico.
El Consejo Ártico después de 2022
El Consejo Ártico fue creado por la Declaración de Ottawa de 1996 para promover la cooperación, la coordinación y la interacción entre los Estados árticos, especialmente en desarrollo sostenible y protección ambiental. Sus miembros son los ocho Estados árticos. Seis organizaciones indígenas participan como Participantes Permanentes, lo que distingue al Consejo de un foro interestatal clásico: las comunidades afectadas forman parte del trabajo institucional y no aparecen solo como objeto social de las políticas.
El Consejo, sin embargo, fue diseñado para dejar fuera la seguridad militar. Esa exclusión preservó durante años la cooperación ambiental y científica, y creó una laguna cuando la rivalidad militar volvió al centro de las disputas políticas sobre el Ártico. Tras la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022, los otros siete miembros suspendieron su participación en reuniones con Rusia. La presidencia noruega de 2023 a 2025 intentó mantener actividades técnicas limitadas sin normalizar el contacto político con Moscú. En mayo de 2025, la presidencia pasó al Reino de Dinamarca para el ciclo 2025-2027, con la misma dificultad estructural: un foro ambiental regional no funciona plenamente cuando el mayor Estado ártico está políticamente aislado de los demás.
Esa ruptura afecta a la ciencia climática. Rusia concentra enormes tramos de costa ártica, permafrost, comunidades e infraestructuras. Sin datos rusos, o con una cooperación reducida, resulta más difícil vigilar las emisiones procedentes del deshielo del permafrost, evaluar ecosistemas, prevenir la contaminación y comparar series históricas. Al mismo tiempo, reintegrar a Rusia sin un cambio político más amplio tendría costes diplomáticos para los miembros de la OTAN y para socios que vinculan la cooperación normalizada al respeto de la soberanía ucraniana. El Consejo Ártico revela así un dilema institucional: los problemas ambientales circumpolares exigen cooperación, mientras que la guerra ha estrechado el espacio político para cooperar.
Seguridad, Rusia y el mapa septentrional de la OTAN
La seguridad ártica empieza con presencia militar, vigilancia, infraestructura y control de pasos. Rusia mantiene la Flota del Norte en torno a la península de Kola, utiliza puertos como Múrmansk, invierte en la Ruta Marítima del Norte y trata el Ártico como una base de recursos estratégicos. Como el hielo funcionaba como defensa natural, su retroceso expone más litoral y aumenta el valor de la vigilancia, el rescate y las infraestructuras de clima extremo.
La entrada de Finlandia en la OTAN el 4 de abril de 2023 y la de Suecia el 7 de marzo de 2024 modificaron el mapa político del norte de Europa. Desde entonces, todos los miembros del Consejo Ártico salvo Rusia pertenecen a la alianza atlántica. Eso no convierte automáticamente al Ártico en un campo de batalla, dados los costes operativos y la dependencia regional de la previsibilidad. Aun así, reduce el espacio político entre Rusia y Occidente y aumenta la sensibilidad estratégica del norte europeo y del Atlántico Norte.
China y otros observadores añaden otra capa. Pekín se describió en 2018 como «Estado próximo al Ártico» y vinculó la región a una Ruta de la Seda Polar. Para China, ciencia, transporte y acceso futuro ayudan a diversificar conexiones euroasiáticas. Para los Estados árticos occidentales, la presencia china puede aportar financiación e investigación. También exige atención a dependencias tecnológicas y coordinación con Rusia. La gobernanza regional combina así derecho del mar, seguridad euroatlántica y competencia económica a largo plazo.
Pueblos indígenas, recursos y riesgo ambiental
El Ártico está habitado. Pueblos inuit, sami, aleutas, gwich’in y otros viven en territorios donde subsistencia, movilidad estacional y conocimiento ambiental local están ligados a la identidad política. La erosión costera amenaza aldeas, carreteras y cementerios. El cambio en la distribución de peces y mamíferos marinos altera prácticas alimentarias. Los proyectos mineros y energéticos pueden crear empleo, pero también desplazamiento, contaminación y conflictos sobre la consulta. Por eso, las políticas que tratan el Ártico solo como corredor marítimo o reserva de hidrocarburos confunden un espacio gobernado con un espacio vacío.
Los recursos explican parte de la presión. El Servicio Geológico de Estados Unidos estimó en 2008 que el Ártico podría contener grandes reservas no descubiertas de petróleo, gas natural y líquidos de gas natural, en gran parte en el mar. Los minerales críticos, las pesquerías que se desplazan hacia el norte y los cables submarinos también entran en el cálculo. Sin embargo, la existencia de recursos no hace sencilla la extracción. Operar en el Ártico exige tecnología cara, seguros elevados, ventanas breves de trabajo y capacidad real de respuesta en un ambiente frío. Cuando un accidente ocurre lejos de las bases de apoyo, el tiempo de respuesta puede convertir una fuga limitada en una crisis ambiental regional.
El Código Polar de la Organización Marítima Internacional, obligatorio desde el 1 de enero de 2017 para los buques sujetos a los convenios SOLAS y MARPOL, intenta reducir esos riesgos mediante estándares técnicos de navegación y protección ambiental. No resuelve las disputas de soberanía, pero muestra que la gobernanza ártica depende de normas técnicas además de declaraciones diplomáticas. El acuerdo para prevenir la pesca no regulada en alta mar en el océano Ártico central responde a la misma lógica: la explotación comercial no debe avanzar más rápido que el conocimiento científico. En el Ártico, la prudencia regulatoria no es un lujo ambiental. Es una condición para que navegación, investigación y desarrollo económico no destruyan la base física que hace habitable la región.
Por qué las disputas árticas se gestionan más que se cierran
El Ártico probablemente no tendrá una única solución institucional. La región reúne reglas globales de derecho del mar, foros regionales, tratados específicos, políticas nacionales, participación indígena, intereses de observadores y rivalidad militar. Como esos niveles no coinciden, cada controversia suele requerir un instrumento distinto. Una frontera marítima necesita negociación bilateral. Una reclamación de plataforma continental depende de datos técnicos. Un accidente marítimo exige búsqueda y salvamento. Un incidente militar involucra a la OTAN y a Rusia. Una decisión pesquera requiere ciencia y precaución.
Esta gobernanza por capas tiene ventajas y límites. Reduce el riesgo de una carrera sin reglas, ya que los Estados árticos reconocen muchos procedimientos jurídicos y tienen antecedentes de acuerdos prácticos. Al mismo tiempo, no elimina el conflicto político: las mismas reglas deben aplicarse por gobiernos divididos sobre Ucrania, navegación, sanciones, postura militar, energía y China. El futuro del Ártico no será decidido solo por la velocidad del deshielo. Dependerá de cómo Estados, pueblos indígenas, empresas e instituciones transformen una región físicamente más accesible en un espacio jurídicamente previsible, ambientalmente protegido y políticamente menos peligroso.