La región del Esequibo abarca aproximadamente 159.500 kilómetros cuadrados, representando alrededor del 70% del territorio de Guyana. Además de su tamaño, la región posee un inmenso valor estratégico y económico, lo que la convierte en el centro de una disputa entre Guyana y Venezuela. Lo que comenzó como un desacuerdo en la época colonial se ha convertido en un complejo problema geopolítico, involucrando un polémico laudo arbitral, discusiones ante la Corte Internacional de Justicia y maniobras provocativas por parte de los venezolanos. La disputa llegó a un punto crítico en 2023, cuando un referéndum venezolano presuntamente apoyó la incorporación del Esequibo al territorio del país. El referéndum y las acciones posteriores de Venezuela fueron ampliamente condenados, generando temores de un conflicto en América del Sur. Sin embargo, la posibilidad de un conflicto armado fue finalmente evitada mediante negociaciones diplomáticas, aunque el Esequibo continúa siendo una región disputada.
La importancia del Esequibo
El Esequibo es fundamental para la integridad territorial y el futuro económico de Guyana. La región es rica en recursos naturales, incluyendo oro, bauxita, diamantes y otros minerales estratégicos. También posee abundantes reservas de agua dulce, densos bosques y una diversa red fluvial que aumentan su valor ecológico e hidrológico. Más recientemente, la región ha adquirido una relevancia crítica en el panorama energético global debido a importantes descubrimientos petroleros en sus costas atlánticas. Desde 2015, exploraciones lideradas por compañías multinacionales —especialmente ExxonMobil— han revelado extensas reservas de petróleo en el área marítima adyacente al territorio disputado. Estos descubrimientos han convertido a Guyana en una de las economías de más rápido crecimiento del mundo, con reservas probadas superiores a once mil millones de barriles de petróleo. Gran parte de este petróleo se encuentra en el bloque Stabroek, parcialmente situado en aguas reclamadas por Venezuela.
Para los venezolanos, el Esequibo representa una posible fuente de revitalización económica en medio de una prolongada crisis marcada por sanciones y declive económico. La riqueza natural de la región es vista desde Caracas como esencial para el desarrollo nacional y la seguridad energética. Además, el Esequibo comparte características geológicas y ecológicas con el Arco Minero del Orinoco, una próspera región minera dentro de Venezuela. Esto refuerza la creencia venezolana de que el Esequibo es parte de su propio territorio, si no políticamente, al menos por sus fronteras naturales.
A pesar de su gran tamaño, el Esequibo está escasamente poblado. Alberga a unas 125.000 personas, aproximadamente el 15% de la población de Guyana. La mayoría de sus habitantes son comunidades indígenas que viven en áreas rurales. Estas poblaciones se identifican mayoritariamente con Guyana y han mostrado poca o ninguna adhesión a las reclamaciones venezolanas.
A medida que se intensifica la competencia por los recursos naturales y la demanda global de energía y minerales sigue siendo alta, es probable que aumente la relevancia geoestratégica del Esequibo.
Historia de la disputa
La disputa sobre el Esequibo se remonta a las rivalidades coloniales del período moderno temprano. Durante los siglos XVII y XVIII, el territorio fue disputado por España y los Países Bajos, estableciendo ambos poderes asentamientos y puestos comerciales en la región. Para principios del siglo XIX, las colonias neerlandesas de Demerara, Berbice y Essequibo pasaron a control británico, siendo consolidadas en 1831 como la Guayana Británica.
Venezuela, que declaró su independencia de España en 1810, consideraba que el Esequibo era parte del territorio heredado de la antigua Capitanía General de Venezuela. La falta de fronteras claramente definidas entre posesiones británicas y venezolanas generó tensiones crecientes. En 1840, Gran Bretaña encargó al explorador alemán Robert Schomburgk una delimitación fronteriza según lo que sería conocido como la Línea Schomburgk. Los venezolanos rechazaron la propuesta británica de delimitación, ya que colocaba puntos clave como el delta del Orinoco bajo control británico.
Las tensiones aumentaron a fines del siglo XIX tras descubrirse oro en la zona disputada. En 1887, Venezuela rompió relaciones diplomáticas con Gran Bretaña y en 1895 pidió apoyo a Estados Unidos, invocando la Doctrina Monroe. El gobierno estadounidense exigió que el asunto fuera sometido a arbitraje internacional. Esto derivó en el tribunal arbitral de París en 1899, que otorgó soberanía a los británicos sobre la mayor parte del territorio disputado.
Aunque Venezuela aceptó el fallo en ese momento, persistió su insatisfacción con el resultado. Décadas después, en 1949, un memorando póstumo de un miembro del equipo legal venezolano-estadounidense alegó que la decisión arbitral había sido resultado de un compromiso político en lugar de un juicio legal justo. El memorando afirmaba que los jueces acordaron otorgarle a Gran Bretaña una victoria parcial (aunque significativa) por unanimidad, en lugar de concederle todo el territorio mediante un voto mayoritario con dos jueces en desacuerdo. Esta afirmación llevó a Venezuela a denunciar el laudo arbitral ante las Naciones Unidas en 1962.
La creciente internacionalización del asunto culminó con la firma del Acuerdo de Ginebra en 1966 por parte de Venezuela, Reino Unido y Guayana Británica (poco antes de que esta última obtuviera su independencia como Guyana). Ese tratado internacional reconoció la existencia de una controversia territorial y comprometió a las partes a buscar una solución pacífica, práctica y mutuamente satisfactoria. Sin embargo, a pesar de décadas de negociaciones, el asunto permaneció sin resolver, y Venezuela continuó sosteniendo que el laudo arbitral de 1899 era inválido.
Desde entonces, la disputa ha resurgido periódicamente, particularmente en momentos de presión política interna en Venezuela o cuando los intereses económicos en el Esequibo adquirían nueva relevancia. Tanto Venezuela como Guyana intentan justificar sus reclamos territoriales haciendo referencia a los fundamentos históricos de la disputa.
La escalada de tensiones y el caso en la CIJ
A pesar del Acuerdo de Ginebra de 1966, las negociaciones entre Venezuela y Guyana no dieron resultados definitivos. La creación de una comisión mixta y posteriormente la intervención de las Naciones Unidas mediante el nombramiento de representantes de buenos oficios no lograron consenso. En 2014, la muerte del último facilitador designado por la ONU y la declaración del Secretario General de la ONU afirmando que las conversaciones bilaterales no habían tenido éxito marcaron el fin de esa fase de mediación.
Las tensiones comenzaron a aumentar nuevamente en 2015, cuando la empresa estadounidense ExxonMobil anunció importantes descubrimientos de petróleo en aguas guyanesas, dentro de una zona marítima en disputa. El anuncio se produjo poco después de que Guyana emitiera nuevas licencias de exploración a compañías internacionales, lo que provocó una fuerte reacción de Caracas. El gobierno venezolano emitió un decreto presidencial extendiendo sus límites marítimos para incluir las aguas disputadas, una acción que Guyana denunció como una agresión y una violación del derecho internacional.
En marzo de 2018, Guyana presentó formalmente un caso ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), solicitando que la Corte ratificara la validez del laudo arbitral de 1899 como un acuerdo «pleno, final y perfecto» sobre la frontera entre ambos países. Venezuela, sin embargo, se negó a reconocer la jurisdicción de la Corte. Su gobierno mantuvo que la CIJ no podía decidir unilateralmente sobre el tema sin el consentimiento de ambas partes, e insistió en que el único camino aceptable era la negociación bilateral. En julio de 2018, Venezuela afirmó formalmente que no participaría en el proceso y cuestionó el fundamento legal del traslado del asunto a la CIJ, argumentando que el Acuerdo de Ginebra exigía el consentimiento mutuo antes de someter la controversia a cualquier órgano judicial.
A pesar de las objeciones venezolanas, la Corte continuó con el proceso. En diciembre de 2020 emitió una decisión preliminar declarando que tenía jurisdicción para juzgar el caso, al menos respecto a determinar la validez legal del laudo arbitral de 1899 y la frontera resultante. Esta decisión de la CIJ se basó en su interpretación del Acuerdo de Ginebra y en la autoridad del Secretario General de la ONU para elegir los medios de solución. Este fallo representó una importante victoria legal para Guyana y abrió el camino hacia un procedimiento legal formal y obligatorio sobre el Esequibo.
La escalada de la disputa coincidió con crisis políticas y económicas cada vez más profundas en Venezuela. Enfrentando aislamiento internacional y oposición interna, el gobierno de Nicolás Maduro enfatizó cada vez más el tema del Esequibo en su retórica, presentándolo como un asunto de soberanía nacional y justicia histórica. Los medios estatales y el discurso oficial presentaron al territorio como parte legítima del patrimonio venezolano, alimentando el sentimiento nacionalista sobre la región. Además, el gobierno venezolano comenzó a adoptar posturas militares, deteniendo embarcaciones de exploración petrolera, con el objetivo de afectar al sector petrolero guyanés.
En presentaciones posteriores ante la Corte, Guyana defendió la legitimidad del laudo arbitral de 1899 y de la frontera demarcada posteriormente. Destacó la aceptación histórica del laudo durante varias décadas, incluyendo la demarcación conjunta de la frontera y el prolongado control administrativo guyanés sobre el Esequibo. Venezuela, aunque permaneció al margen del proceso judicial, reiteró su posición en foros políticos y diplomáticos, afirmando que el laudo fue resultado de colusión y presión política indebida sobre el tribunal arbitral.
Para 2022, el proceso ante la CIJ avanzaba. Guyana presentó su memoria escrita, y la Corte otorgó a Venezuela un plazo para presentar una contramemoria, si decidía incorporarse a la discusión. Ante la expectativa de una posible decisión definitiva sobre el caso en el futuro próximo, Caracas intensificó su discurso nacionalista y comenzó a movilizar la opinión pública interna. Esto reflejaba la visión venezolana de que la disputa no era solo un tema legal, sino también político.
La crisis de 2023 y la Declaración de Argyle
En 2023, la disputa entre Guyana y Venezuela se intensificó dramáticamente cuando el gobierno venezolano organizó un referéndum nacional sobre el Esequibo.
El 1 de diciembre, la CIJ dictó una medida provisional ordenando a Venezuela no realizar ninguna acción que alterara la situación actual sobre el terreno ni interfiriera con la administración guyanesa del territorio. A pesar de esta decisión, Caracas llevó a cabo el plebiscito el 3 de diciembre, presentando cinco preguntas al electorado venezolano sobre qué políticas debería adoptar el gobierno con respecto a la región. Según cifras oficiales, más del 95 por ciento de los votantes respaldó las propuestas, incluyendo la incorporación del Esequibo al territorio venezolano y la concesión de la ciudadanía venezolana a sus habitantes. Sin embargo, la legitimidad del referéndum fue ampliamente cuestionada, tanto por su carácter consultivo como por la ausencia total de votación en el propio territorio en disputa.
Tras el referéndum, el presidente Nicolás Maduro anunció una serie de medidas para implementar sus resultados, las cuales fueron consideradas amenazas directas a la soberanía e integridad territorial de Guyana:
- La publicación de un nuevo mapa oficial de Venezuela que incorporaba la región del Esequibo.
- La creación del estado venezolano de «Guayana Esequiba», con la ciudad de Tumeremo como su capital administrativa.
- El establecimiento de una Alta Comisión para la Defensa de Guayana Esequiba.
- La concesión de licencias a empresas estatales venezolanas en los sectores petrolero y minero para operar en la región.
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Dado que Guyana solicitó apoyo de socios regionales e internacionales, la respuesta internacional ante estos movimientos fue rápida. Varios países expresaron preocupación por los acontecimientos. Estados Unidos realizó sobrevuelos militares conjuntos con fuerzas guyanesas, demostrando apoyo a Georgetown y protección de la estabilidad regional. El Reino Unido también desplegó una nave naval en el área. Estas maniobras fueron criticadas por Venezuela y generaron temores de una escalada armada. Brasil, que comparte fronteras con ambos países en disputa, adoptó una postura cautelosa, reforzando su presencia militar en la región norte y enfatizando la necesidad de evitar conflictos. Además, el gobierno brasileño ofreció la capital del país como sede para futuros diálogos.
En respuesta a las crecientes tensiones, se reactivaron esfuerzos diplomáticos. El 14 de diciembre, los presidentes de Guyana y Venezuela se reunieron en San Vicente y las Granadinas bajo los auspicios de la CELAC, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, con la participación de líderes regionales, incluyendo al asesor especial brasileño para asuntos internacionales, Celso Amorim. El encuentro resultó en la Declaración de Argyle para el Diálogo y la Paz, en la cual ambas partes acordaron abstenerse del uso de la fuerza y resolver la disputa de acuerdo con el derecho internacional. También se comprometieron a crear una comisión conjunta integrada por cancilleres y expertos técnicos, y programaron una reunión posterior en Brasil.
Aunque la Declaración de Argyle logró desescalar temporalmente la crisis, la disputa territorial subyacente sigue sin resolverse. Venezuela no ha renunciado a las medidas adoptadas tras el referéndum, y Guyana continúa afirmando sus derechos bajo el laudo arbitral de 1899, a la espera de un fallo definitivo de la CIJ. Sin embargo, los acontecimientos de 2023 probablemente aseguraron que la fase más volátil de la disputa sobre el Esequibo haya quedado atrás. Hoy por hoy, un conflicto abierto entre venezolanos y guyaneses es altamente improbable, aunque las tensiones podrían aumentar nuevamente en el futuro, especialmente cuando la CIJ decida sobre el fondo del caso del Esequibo.
Conclusión
La disputa del Esequibo, enraizada en fronteras coloniales y un controvertido laudo arbitral, ha evolucionado hasta convertirse en una de las controversias territoriales más significativas en la América Latina actual. Aunque la región permaneció relativamente estable durante gran parte del siglo XX, los recientes descubrimientos de petróleo y otros recursos naturales han incrementado dramáticamente su importancia. El valor económico del Esequibo ha transformado una disputa histórica en un asunto geopolítico contemporáneo, involucrando no solo a Venezuela y Guyana, sino también a países vecinos y potencias globales.
A medida que la Corte Internacional de Justicia avanza en sus deliberaciones y ambos países enfrentan crecientes presiones internas y externas, el futuro del Esequibo dependerá de la disposición de ambas partes para respetar las normas internacionales, conducir negociaciones y priorizar un ambiente de paz sobre la realización de actos provocativos.
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