Bandera de la Organización Mundial de la Salud. Imagen: United States Mission Geneva, con licencia CC BY 2.0.
El Reglamento Sanitario Internacional (RSI) es el instrumento jurídico que organiza la cooperación sanitaria cuando un evento de salud pública deja de caber dentro de las fronteras de un solo país. La ejecución sigue en manos de los gobiernos nacionales, responsables de hospitales, cuarentenas, laboratorios y fronteras. El papel del RSI es más específico: hacer que la vigilancia y la notificación a la Organización Mundial de la Salud (OMS) formen parte de un circuito jurídico común, mientras las recomendaciones técnicas ayudan a los gobiernos a evaluar y coordinar respuestas ante riesgos internacionales.
Ese diseño explica por qué el RSI aparece en casi toda discusión sobre gobernanza internacional de pandemias. La emergencia de COVID-19 mostró que una regla de notificación funciona cuando detección, datos, escrutinio técnico e incentivos políticos apuntan en la misma dirección. Las enmiendas aprobadas en 2024 intentaron responder a esa fractura mediante una nueva categoría de «emergencia pandémica», mayor atención a la equidad y la financiación, y autoridades nacionales encargadas de coordinar la aplicación interna del reglamento.
Resumen
- El RSI vincula a los Estados Partes a responder a la propagación internacional de enfermedades con medidas proporcionales al riesgo de salud pública.
- La OMS puede declarar una Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional, conocida en español como ESPII y a menudo por la sigla inglesa PHEIC, aunque sus recomendaciones temporales no sustituyen las decisiones nacionales.
- Las obligaciones centrales del RSI conectan vigilancia epidemiológica, notificación a la OMS, verificación oficial y capacidades básicas en los sistemas de salud y en los puntos de entrada.
- Las enmiendas de 2024, en vigor para la mayoría de los Estados Partes desde el 19 de septiembre de 2025, crearon la categoría de emergencia pandémica y reforzaron el lenguaje sobre equidad, financiación y autoridades nacionales.
- El Acuerdo sobre Pandemias de 2025 es distinto del RSI. Trata prevención, producción, acceso y reparto de beneficios, y su apertura plena a la firma y la ratificación todavía dependía de la conclusión del anexo PABS.
De los reglamentos sanitarios al régimen global
La cooperación sanitaria internacional nació antes que la OMS. En el siglo XIX, los brotes de cólera, peste y fiebre amarilla cruzaban rutas marítimas y obligaban a los gobiernos a elegir entre protección sanitaria e interrupción del comercio. La Conferencia Sanitaria Internacional de París, celebrada en 1851, ya trataba ese problema: las cuarentenas protegían los puertos y, sin un criterio común, podían bloquear el tráfico internacional. La tensión entre control de enfermedades y circulación de personas y mercancías sigue atravesando el régimen.
En el siglo XX, la cooperación se institucionalizó. Órganos sanitarios en las Américas, París y la Sociedad de Naciones crearon rutinas para que la información epidemiológica y las medidas fronterizas circularan en un formato comparable. Después de la Segunda Guerra Mundial, la OMS reunió ese campo en un organismo especializado universal. Las primeras reglas sanitarias internacionales de 1951 se transformaron más tarde en el Reglamento Sanitario Internacional, inicialmente centrado en unas pocas enfermedades cuarentenables clásicas.
La revisión de 2005 cambió la lógica. En lugar de enumerar solo enfermedades concretas, el RSI pasó a cubrir «eventos» capaces de representar un riesgo de propagación internacional, cualquiera que fuese su causa u origen. El reglamento sustituyó una lista cerrada por una pregunta operativa: ¿puede el evento afectar a otros Estados y exigir coordinación? Ese cambio dio flexibilidad ante nuevos patógenos, accidentes de laboratorio, eventos químicos y situaciones en las que la información inicial es incompleta.
El reglamento de 2005 entró en vigor el 15 de junio de 2007. Se aplica a 196 Estados Partes, incluidos todos los miembros de la OMS, y vincula a esos gobiernos salvo rechazos o reservas previstos en el propio sistema. Su función declarada es contener la propagación internacional de enfermedades de manera proporcional al riesgo de salud pública y evitando interferencias innecesarias en el tráfico y el comercio internacionales. Esa fórmula limita los dos desvíos clásicos del régimen: la omisión ante el riesgo y la restricción excesiva sin justificación sanitaria suficiente.
Cómo funciona el RSI
El RSI opera mediante una cadena de obligaciones nacionales y decisiones internacionales. Cada Estado Parte debe desarrollar capacidades básicas para detectar, evaluar, notificar y responder a eventos de salud pública. Esas capacidades unen vigilancia epidemiológica, laboratorio, comunicación de riesgo y coordinación en los puntos de entrada con un mismo fin: hacer que la señal inicial llegue al gobierno y a la OMS antes de que la propagación internacional esté consolidada.
El punto focal nacional del RSI es el canal permanente entre el gobierno y la OMS. Debe estar disponible todos los días y permitir una comunicación rápida cuando un evento pueda tener relevancia internacional. Con las enmiendas de 2024, el texto pasó a exigir también una Autoridad Nacional del RSI, encargada de coordinar la implementación interna del reglamento. La diferencia es sustantiva: el punto focal comunica, y la autoridad nacional organiza el sistema interno que hace creíble esa comunicación.
La notificación a la OMS empieza antes de la certeza científica completa. El anexo decisorio del RSI orienta a los Estados a ponderar gravedad, carácter inusual, probable propagación internacional y efectos sobre viajes o comercio. Si esos criterios apuntan a un posible impacto internacional, el evento debe comunicarse. El diseño reduce el retraso político que aparece cuando los gobiernos esperan una confirmación perfecta antes de reconocer un riesgo.
La OMS puede pedir verificación cuando recibe información de fuentes externas al canal oficial, como redes científicas, prensa u otros gobiernos. Esta posibilidad fue una innovación importante de la revisión de 2005. Reconoce que la información epidemiológica circula por redes técnicas y públicas antes de llegar a la diplomacia formal. El Estado afectado sigue siendo central: debe validar los datos recibidos y acelerar una evaluación común del riesgo, incluso cuando necesita corregir o contextualizar la información inicial.
ESPII: la alerta máxima del RSI
La Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional, llamada ESPII en español y PHEIC en inglés, es el principal disparador político del RSI. Se define como un evento extraordinario que constituye un riesgo de salud pública para otros Estados por medio de la propagación internacional y que puede exigir una respuesta internacional coordinada. La declaración corresponde al director general de la OMS, después de evaluar los datos disponibles conforme a principios científicos y al dictamen de un Comité de Emergencia.
El Comité de Emergencia actúa como órgano consultivo. Aconseja al director general sobre la existencia de la ESPII y sobre recomendaciones temporales. Esas recomendaciones conectan vigilancia, medidas sanitarias y circulación internacional alrededor de una prueba común: la respuesta debe ser proporcional al riesgo y estar sostenida por una justificación epidemiológica robusta. Esa función ayuda a armonizar respuestas y desincentiva restricciones de viaje o comercio adoptadas por reflejo político.
El límite jurídico es decisivo. Las recomendaciones temporales orientan a los gobiernos. Las decisiones sobre confinamientos, vacunación obligatoria, fronteras, leyes nacionales y hospitales siguen bajo autoridad interna. El RSI crea deberes de cooperación, información y capacidad, y la implementación concreta permanece en las autoridades nacionales que aplican medidas de salud pública. Esa distinción se hizo más visible después de la COVID-19, cuando controversias domésticas empezaron a confundir la coordinación internacional con una autoridad ejecutiva supranacional.
Una ESPII tiene peso real incluso con implementación nacional. Cambia prioridades ministeriales, afecta flujos de financiación, orienta a agencias humanitarias y señala riesgos a autoridades de transporte y salud. La fuerza del instrumento reside menos en la coacción formal que en su capacidad para alinear atención política, conocimiento técnico y acción administrativa.
Zika, COVID-19 y el problema de la confianza
Las ESPII anteriores muestran cómo el RSI combina ciencia incompleta y decisión política urgente. En el brote de zika asociado a malformaciones congénitas en 2016, Brasil estaba en el centro de la emergencia. La OMS convocó un comité, declaró la ESPII y trabajó con autoridades brasileñas e instituciones como Fiocruz para investigar la relación entre infección y daños neurológicos. El episodio mostró que incertidumbres graves sobre consecuencias sanitarias también pueden sostener una emergencia internacional, más allá de la letalidad inmediata.
La COVID-19 expuso un problema más amplio. La OMS declaró una ESPII el 30 de enero de 2020 y caracterizó la situación como pandemia en marzo. Muchos gobiernos tardaron en ajustar vigilancia, hospitales, reservas, comunicación pública y reglas de movilidad. Otros adoptaron restricciones amplias y poco coordinadas. El RSI ofrecía el vocabulario jurídico para la alerta y la respuesta, y la eficacia del aviso dependía de capacidad material, confianza política y acceso equitativo a productos médicos.
Esa brecha explica por qué la reforma posterior combinó dos frentes. La revisión del RSI aclaró categorías, fortaleció autoridades nacionales e hizo más explícita la equidad. La negociación del Acuerdo sobre Pandemias llevó el debate hacia prevención, preparación y acceso a productos médicos. El RSI trata el circuito de alerta y respuesta. El acuerdo intenta reorganizar una parte de la economía política que decide quién recibe tecnología, insumos y productos durante una crisis.
El aprendizaje institucional fue duro. Cuando el primer país que informa recibe solo coste reputacional, el silencio se vuelve un incentivo racional. Cuando la solidaridad llega sin financiación, la promesa pierde densidad administrativa. Cuando la alerta encuentra hospitales frágiles y cadenas de suministro concentradas, la información correcta se convierte en frustración operativa. Por eso, la diplomacia de la salud pasó a tratar vigilancia, soberanía, propiedad intelectual, capacidad productiva y financiación como partes de un mismo problema.
Las enmiendas de 2024
La 77.ª Asamblea Mundial de la Salud aprobó, el 1 de junio de 2024, un paquete de enmiendas al RSI. Para la mayoría de los Estados Partes, entraron en vigor el 19 de septiembre de 2025. La reforma conservó el reglamento de 2005 y ajustó lo que las emergencias recientes habían expuesto: categorías de alerta, obligaciones nacionales y mecanismos institucionales de seguimiento.
El cambio más visible fue la creación de la «emergencia pandémica». Funciona como un nivel de alarma dentro del universo de las ESPII. La categoría se reserva para eventos transmisibles con riesgo de amplia propagación geográfica y con un impacto capaz de presionar sistemas de salud, economías y sociedades. La intención es dar un nombre jurídico al tipo de crisis que exige movilización internacional rápida, equitativa y coordinada, por encima de una emergencia localizada.
Las enmiendas reforzaron el lenguaje sobre equidad. El texto pasó a vincular las capacidades básicas con financiación y acceso a productos sanitarios relevantes. Eso responde a una crítica central de la COVID-19: la misma alerta produce respuestas desiguales cuando pocos países concentran laboratorios, contratos de compra, fábricas y recursos fiscales.
Otro elemento institucional fue la creación de un Comité de Estados Partes para facilitar la implementación del reglamento y promover la cooperación. Su función es seguir la aplicación del RSI, estimular el diálogo y ayudar a los gobiernos a aplicar obligaciones generales en la práctica administrativa. La reforma formalizó la Autoridad Nacional del RSI por el mismo motivo: la coordinación interna exige un mando administrativo capaz de conectar el canal técnico de comunicación con la ejecución doméstica.
La entrada en vigor de las enmiendas siguió calendarios distintos en algunos casos. La OMS informó de que 11 Estados rechazaron las enmiendas de 2024. Además, los Estados que habían rechazado una modificación anterior sobre plazos tendrían su propio calendario de entrada en vigor. Ese detalle confirma que el RSI es vinculante y, al mismo tiempo, sigue siendo un tratado operativo de base interestatal: los gobiernos aceptan reglas comunes, conservan procedimientos de rechazo y mantienen la responsabilidad por la implementación.
Relación con el Acuerdo sobre Pandemias
El Acuerdo sobre Pandemias, adoptado por la Asamblea Mundial de la Salud el 20 de mayo de 2025, es un instrumento separado del RSI. Se negoció después de la COVID-19 porque la preparación ante una pandemia depende de una base material que la alerta jurídica, por sí sola, no proporciona. La prevención de brotes necesita estar acompañada de sistemas nacionales más fuertes, tecnología compartida y acceso más previsible a vacunas, diagnósticos y tratamientos.
El punto más sensible es el sistema PABS, sigla inglesa de acceso a patógenos y reparto de beneficios. La lógica es vincular el intercambio de muestras y secuencias genéticas con el acceso a productos desarrollados a partir de ese intercambio. El puente busca evitar una asimetría recurrente: países que envían información rápidamente sin recibir vacunas o tratamientos a tiempo. En mayo de 2025, la OMS indicó que el acuerdo se abriría a la firma después de la adopción del anexo PABS, con entrada en vigor tras 60 ratificaciones.
En 2026, la negociación del anexo PABS seguía siendo el paso crítico. Informes de la Asamblea Mundial de la Salud de mayo de 2026 indicaban la continuidad del trabajo mediante un grupo intergubernamental y apuntaban al objetivo de concluir el anexo para su consideración posterior. Por eso, la distinción institucional es importante: el RSI ya estaba en vigor. El Acuerdo sobre Pandemias, en cambio, dependía de pasos adicionales antes de operar plenamente.
La frontera de soberanía volvió a explicitarse en ese acuerdo. Las leyes nacionales, los mandatos de vacunación, los confinamientos y las restricciones de viaje siguen siendo decisiones domésticas. La cláusula cumple una función política y jurídica: separa la cooperación internacional del mando interno y reduce el espacio para la desinformación sobre los poderes de la OMS.
Implementación nacional y diplomacia de la salud
La implementación nacional da fuerza concreta al RSI. Cada Estado Parte necesita conectar el canal internacional de alerta con su propia administración sanitaria. Los territorios extensos, las estructuras federales y los puntos de entrada importantes hacen más difícil esa tarea cuando la información debe circular rápidamente desde clínicas y laboratorios hacia autoridades políticas y hacia la OMS. El mismo marco jurídico produce pruebas administrativas distintas según cómo organiza cada país la autoridad sanitaria y la respuesta de emergencia.
La emergencia de zika ilustra una versión de ese problema. La alerta de ESPII exigió que instituciones nacionales conectaran investigación científica, comunicación pública y cooperación con la OMS. El episodio fue una prueba de gobernanza global de la salud: los datos clínicos sobre daños congénitos debían circular por la coordinación federal y por la investigación sobre vectores mientras la atención materno-infantil ya estaba bajo presión.
Otros Estados encuentran la misma arquitectura jurídica por cuellos de botella distintos. Un gobierno puede tener dificultades en los puntos de entrada, otro en la capacidad de laboratorio o en el acceso a productos médicos, pero todos deben decidir cómo encaja la orientación internacional con la autoridad doméstica sobre medidas restrictivas. En el ciclo posterior a la COVID-19, los debates sobre el RSI y el instrumento pandémico vincularon administración nacional con equidad, financiación y acceso a productos de salud.
El punto esencial es administrativo. Primero, vigilancia y laboratorios deben alimentar los flujos internos de información. Después, puertos, aeropuertos y diplomacia técnica conectan esos flujos con los compromisos internacionales. La confianza pública cierra esa cadena, porque afecta el paso de la orientación a la práctica. Cuando uno de esos elementos falla, la obligación sigue existiendo, pero la respuesta concreta pierde velocidad.
Alcance y límites
Aunque el RSI sea una pieza central de las pandemias como tema de seguridad internacional, su lógica es sanitaria, administrativa y diplomática. Busca anticipar riesgos, compartir información, orientar medidas proporcionales y evitar reacciones nacionales que agraven la crisis. La seguridad que ofrece consiste en reducir la sorpresa, acortar el retraso y hacer mínimamente compatibles las respuestas nacionales.
Su principal límite es que depende de los mismos gobiernos que pretende coordinar. El problema aparece cuando los Estados retrasan notificaciones, subestiman riesgos o carecen de laboratorios. La disputa por productos médicos crea el mismo obstáculo cuando los gobiernos compiten por insumos en vez de coordinar respuestas. La OMS alerta, recomienda y convoca. Presupuesto, capacidad productiva, confianza social y mando administrativo siguen siendo nacionales. El RSI funciona mejor cuando existe capacidad doméstica y cuando la transparencia llega acompañada de apoyo, sin reducirse a castigo reputacional.
Las enmiendas de 2024 indican la dirección de la reforma. Dan más precisión a las emergencias pandémicas, refuerzan la coordinación nacional y hacen de la equidad una parte explícita de la implementación. Con ello, la reforma abre más espacio institucional para seguir si las obligaciones salen del texto y llegan a la administración pública. Las enfermedades pueden cruzar fronteras rápidamente. Por eso, la información debe cruzarlas todavía más deprisa. La respuesta solo será legítima si combina urgencia, proporcionalidad y acceso justo a los medios de protección.