Relaciones Armenia-Azerbaiyán: Nagorno Karabaj, fronteras y mediación regional

Las relaciones entre Armenia y Azerbaiyán fueron remodeladas por la fuerza entre 2020 y 2023. Durante casi tres décadas, Nagorno Karabaj fue el punto más visible de la disputa: una región reconocida internacionalmente como parte de Azerbaiyán, pero gobernada de hecho por armenios locales con apoyo de Armenia tras la guerra de 1991-1994. La victoria azerbaiyana de 2020, seguida por la ofensiva de septiembre de 2023 y la salida casi total de la población armenia de la región, desplazó el centro de la negociación. La pregunta principal ya no es quién controla Nagorno Karabaj, sino si una victoria militar puede convertirse en fronteras reconocidas, circulación regulada por el derecho, protección para las personas afectadas y relaciones diplomáticas normales.

Ese cambio no puso fin al conflicto político. Para Bakú, la recuperación de Nagorno Karabaj confirmó la integridad territorial de Azerbaiyán y eliminó cualquier fórmula de autonomía para la antigua región separatista. Para Ereván, la prioridad pasó a ser proteger el territorio internacionalmente reconocido de Armenia, impedir una vía extraterritorial por el sur armenio y gestionar el desplazamiento de los armenios de Nagorno Karabaj. En junio de 2026, el problema ya no era solo redactar un texto de paz, sino lograr que sus reglas sobre fronteras, tránsito, litigios e implementación limitaran nuevas presiones. Rusia y Turquía siguen siendo actores directos de seguridad, mientras Irán, la Unión Europea y Estados Unidos influyen en rutas, energía y diplomacia.

Resumen

• Nagorno Karabaj estaba dentro de Azerbaiyán, pero tenía una población de mayoría armenia y un gobierno de hecho separado entre 1994 y 2023. Esa combinación enfrentó autodeterminación política, integridad territorial y control militar.
• La guerra de 2020 redujo de forma drástica el territorio mantenido por las fuerzas armenias locales, y la ofensiva azerbaiyana de septiembre de 2023 puso fin a la administración separatista. Casi todos los armenios de la región huyeron después hacia Armenia.
• La frontera entre Armenia y Azerbaiyán se convirtió en el asunto central después de 2023. La delimitación, la demarcación, la seguridad local y la retirada de fuerzas de zonas disputadas decidirán si la paz es estable o solo una pausa armada.
• La conexión con Najicheván es la cuestión de transporte más sensible. Azerbaiyán quiere un enlace terrestre con su exclave, mientras Armenia insiste en que cualquier ruta por el sur armenio debe permanecer bajo soberanía y jurisdicción armenias.
• La mediación cambió de centro. La OSCE cerró el Proceso de Minsk tras la declaración de Washington de 2025, Rusia quedó debilitada por la guerra en Ucrania y por su crisis con Ereván, y Estados Unidos y la Unión Europea ganaron espacio al vincular paz, comercio e infraestructuras.

Cómo Nagorno Karabaj estructuró el conflicto moderno

Nagorno Karabaj se encuentra en el Cáucaso Sur, en una zona montañosa que la Unión Soviética administró como óblast autónomo dentro de la República Socialista Soviética de Azerbaiyán. Esa frontera soviética no borró la mayoría armenia de la región ni el vínculo cultural y político que muchos habitantes mantenían con Armenia. Cuando el Estado soviético empezó a perder capacidad coercitiva a finales de los años ochenta, el parlamento regional pidió la transferencia de Nagorno Karabaj a Armenia. Una disputa que Moscú antes contenía por vía administrativa pasó entonces a expresarse mediante movilización nacional y guerra abierta. Las expulsiones y la violencia intercomunitaria dieron al conflicto una dimensión social duradera.

La primera guerra, entre 1991 y 1994, terminó con ventaja armenia. Las fuerzas armenias locales, apoyadas por Armenia, controlaron Nagorno Karabaj y distritos azerbaiyanos circundantes. Esas zonas servían como franja de seguridad y conexión terrestre con Armenia. El alto el fuego de Biskek, en 1994, congeló la línea militar sin resolver la soberanía. El resultado fue un arreglo inestable: Azerbaiyán conservaba el reconocimiento internacional sobre el territorio, mientras los armenios locales mantenían el control de hecho sin reconocimiento internacional.

Ese arreglo generó incentivos opuestos. Armenia y las autoridades de Nagorno Karabaj buscaban preservar una realidad territorial nacida de la guerra, aunque careciera de reconocimiento externo. Azerbaiyán había perdido territorio y recibido a numerosos desplazados internos. Por eso invirtió ingresos energéticos, reconstrucción militar y alianzas exteriores para cambiar la correlación de fuerzas. El alto el fuego funcionó menos como paz que como una larga suspensión de hostilidades, porque ninguna parte aceptaba el coste político de ceder.

El Grupo de Minsk y los límites de la diplomacia postsoviética

La Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa creó el Grupo de Minsk en 1992 para buscar una solución negociada. Rusia aportaba influencia regional. Estados Unidos y Francia daban peso occidental y legitimidad multilateral. El formato mantuvo canales diplomáticos, pero dependía de un compromiso difícil. Las partes tendrían que aceptar la integridad territorial de Azerbaiyán, garantías para los armenios de Nagorno Karabaj y una respuesta para los desplazados.

La dificultad era política. Para Azerbaiyán, cualquier solución que dejara Nagorno Karabaj fuera del control efectivo de Bakú parecía legitimar una pérdida territorial. Para los armenios locales, aceptar la soberanía azerbaiyana sin garantías sólidas significaba dejar su seguridad en manos del Estado contra el que habían combatido. Para Armenia, la disputa afectaba además a la política interna, a la memoria del genocidio armenio y al temor al aislamiento regional, ya que las fronteras con Turquía y Azerbaiyán llevaban décadas cerradas. Sin un mecanismo de cumplimiento aceptado por todos, la mediación podía proponer principios, aunque carecía de capacidad para obligar a los gobiernos a asumir el coste político de aplicarlos.

Rusia ocupaba una posición ambigua dentro de ese sistema. Moscú era aliado formal de Armenia mediante la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva y mantenía una base militar en el país, a la vez que vendía armas a Azerbaiyán y trataba de conservar influencia sobre ambos lados. Esa ambigüedad hacía útil a Rusia como mediadora, porque Bakú y Ereván necesitaban hablar con Moscú. Esa misma ambigüedad impedía una garantía clara para Nagorno Karabaj, ya que Moscú ganaba influencia cuando ambos países dependían de su intervención.

La guerra de 2020 y el giro militar azerbaiyano

La guerra de 2020 mostró que el equilibrio militar de los años noventa había desaparecido. Azerbaiyán usó ingresos de hidrocarburos para reformar y modernizar sus Fuerzas Armadas. Drones, artillería y apoyo turco ayudaron a Bakú a recuperar distritos alrededor de Nagorno Karabaj y partes de la propia región. La toma de Shusha, ciudad de gran valor estratégico y simbólico, dejó a las fuerzas armenias en una posición frágil. La guerra demostró que una negociación congelada podía reabrirse por un cambio material de poder, tecnología y alianzas. El acuerdo de los días 9 y 10 de noviembre de 2020, mediado por Rusia, detuvo la guerra y devolvió zonas a Azerbaiyán. El acuerdo instaló fuerzas rusas de paz en la ruta de Lachín, la carretera entre Armenia y los armenios que permanecían en Nagorno Karabaj.

Ese acuerdo no creó una solución definitiva. Dejó sin definir el estatus de Nagorno Karabaj, mantuvo una presencia militar rusa limitada y prometió reabrir las comunicaciones regionales. Para Bakú, el texto abrió la puerta a exigir un enlace terrestre con Najicheván, exclave azerbaiyano situado entre Armenia, Irán y Turquía. Para Ereván, la misma cláusula significaba reabrir rutas bajo la soberanía de los Estados atravesados. Por tanto, la disputa jurídica pasó a concentrarse en el tipo de paso: una ruta de tránsito regulada por Armenia o un acceso especial sometido a control externo.

La presencia rusa se volvió menos fiable. Después de la invasión rusa de Ucrania en 2022, Moscú perdió capacidad militar, atención diplomática y credibilidad ante el gobierno armenio. Cuando los choques fronterizos alcanzaron zonas que Ereván considera territorio armenio reconocido, Armenia denunció que la OTSC no proporcionaba una protección efectiva. Esa frustración llevó a Armenia a tratar la seguridad nacional como un problema de diversificación diplomática y a reducir la dependencia de la alianza rusa.

2023 y el final del poder armenio local en Nagorno Karabaj

Entre diciembre de 2022 y septiembre de 2023, la ruta de Lachín se convirtió en el centro de la crisis humanitaria. Azerbaiyán impuso restricciones crecientes a la circulación, primero mediante manifestantes presentados como ecologistas y después mediante un puesto de control oficial. Para los armenios de Nagorno Karabaj, la interrupción del vínculo con Armenia redujo el acceso a alimentos, medicamentos y combustible. Para Bakú, la medida se presentaba como control soberano de una ruta situada dentro de su territorio y como respuesta a actividades consideradas ilegales.

En septiembre de 2023, Azerbaiyán lanzó una operación militar que derrotó a las fuerzas armenias locales en aproximadamente un día. Las autoridades separatistas aceptaron desarmarse y anunciaron la disolución de sus instituciones. En los días siguientes, casi toda la población armenia de Nagorno Karabaj salió hacia Armenia. Misiones y agencias internacionales registraron tanto el carácter repentino del éxodo como el número muy reducido de armenios que permanecieron allí. El efecto político fue decisivo: Nagorno Karabaj dejó de funcionar como entidad de hecho separada. La salida de su población armenia convirtió las cuestiones humanitarias, patrimoniales y jurídicas en parte permanente de la negociación.

Azerbaiyán sostiene que restauró el control sobre un territorio reconocido internacionalmente y que los armenios podían reintegrarse como ciudadanos azerbaiyanos. Armenia y muchos observadores armenios describen el episodio como limpieza étnica o desplazamiento coercitivo, porque la población huyó después de meses de bloqueo, amenaza militar y profunda desconfianza hacia las garantías de Bakú. Esa diferencia afecta a cualquier paz futura. Si el asunto se trata como soberanía resuelta, los desplazados y los derechos de retorno quedarán en un lugar marginal. Un enfoque de protección humana exigirá mecanismos que Azerbaiyán no quiere internacionalizar.

Fronteras, enclaves y riesgo de una paz incompleta

Después de 2023, la frontera internacional se convirtió en la parte más práctica y peligrosa de la disputa. Armenia y Azerbaiyán heredaron límites soviéticos que no siempre estaban marcados sobre el terreno con precisión operativa. En zonas rurales, carreteras, pastos, colinas y aldeas pueden quedar cerca de posiciones militares, lo que transforma pequeños cambios de control en crisis nacionales. La delimitación es el acuerdo político y cartográfico sobre el trazado de la frontera. La demarcación es su señalización física sobre el terreno. Sin ambas etapas, patrullas y habitantes siguen expuestos a incidentes que cada gobierno puede presentar como agresiones del otro.

Los enclaves complican aún más el problema. Azerbaiyán reclama aldeas que existían como enclaves azerbaiyanos dentro de la Armenia soviética, mientras Armenia teme que la devolución de zonas sin garantías de infraestructura corte carreteras internas y debilite comunidades fronterizas. Este tipo de disputa exige más que mapas antiguos. Los gobiernos necesitan acceso seguro para los residentes, ingeniería vial, posiciones militares previsibles e investigación creíble de incidentes.

En la práctica, la frontera también separa dos narrativas de seguridad. Azerbaiyán, fortalecido militarmente, quiere consolidar sus ganancias e impedir que Armenia reabra la cuestión de Nagorno Karabaj en foros internacionales. Armenia, debilitada por la derrota y por la ruptura de la confianza en Rusia, busca convertir el reconocimiento mutuo en protección frente a nuevas exigencias territoriales. La paz será duradera solo si la frontera deja de ser una zona donde el lado más fuerte prueba la tolerancia del otro.

Vías de tránsito, Najicheván y economía regional

La conectividad regional suele presentarse como un beneficio económico evidente, pero en el Cáucaso Sur es inseparable de la soberanía. Azerbaiyán quiere una conexión entre su territorio principal y Najicheván, el exclave fronterizo con Turquía. Esa ruta reduciría la dependencia azerbaiyana de los caminos por Irán y reforzaría el eje Azerbaiyán-Turquía. La ruta podría unir el mar Caspio con Anatolia mediante transporte y comercio. Por esa razón, Bakú y Ankara tratan la ruta como una pieza de integración túrquica y de proyección regional.

Para Armenia, el mismo proyecto puede ser una oportunidad o una amenaza. Si la ruta opera bajo ley armenia, aduanas armenias y reciprocidad, Ereván podría obtener comercio, infraestructuras y una salida parcial del aislamiento creado por las fronteras cerradas. Si adopta la forma de paso extraterritorial, con inspección reducida o control externo, Armenia perdería autoridad sobre Syunik, su provincia meridional y conexión con Irán. La disputa sobre el transporte es, por tanto, una decisión sobre jurisdicción, cobro, vigilancia y capacidad de interrumpir el paso.

Irán observa este asunto con atención porque su frontera con Armenia es corta, pero estratégica. Teherán no quiere una conexión Azerbaiyán-Turquía que reduzca su papel como ruta alternativa y altere el equilibrio en su frontera norte. Para Irán, la ruta es menos un ferrocarril aislado que un cambio en la geografía política de su vecindario. Rusia también ve el riesgo de perder su papel de guardiana de rutas y mediadora, aunque su capacidad para imponer soluciones haya disminuido. Estados Unidos y la Unión Europea, en cambio, ven en la conectividad una forma de reducir dependencias rusas y abrir rutas comerciales euroasiáticas a través de socios más próximos a Occidente.

La mediación después de Rusia

Rusia fue indispensable en 1994 y 2020, pero dejó de ser el árbitro incontestado después de 2022. Su guerra contra Ucrania consumió recursos y deterioró sus relaciones con Occidente. Al mismo tiempo, Armenia concluyó que la protección rusa no impidió ni la presión sobre Lachín, ni la ofensiva de 2023, ni las incursiones fronterizas que Ereván considera violaciones de su territorio. Esa percepción redujo la tolerancia armenia hacia un orden regional en el que Moscú aparece como garante sin garantizar la seguridad.

La Unión Europea ocupó parte de ese espacio con reuniones políticas, apoyo humanitario, asistencia a la delimitación y una misión civil de observación del lado armenio de la frontera. Su fuerza reside en los incentivos económicos, la legitimidad diplomática y la vigilancia no militar. Su límite está en la falta de instrumentos coercitivos y en la dependencia europea de la energía azerbaiyana, que dificulta una línea más dura contra Bakú. La UE puede facilitar conversaciones y reducir riesgos locales, aunque difícilmente obligará a Azerbaiyán a aceptar condiciones que considere contrarias a su victoria.

Estados Unidos ganó protagonismo al acoger en agosto de 2025 la rúbrica del texto de un acuerdo de paz y una declaración conjunta entre Ilham Aliyev y Nikol Pashinián. El texto rubricado reconoce las fronteras heredadas de las repúblicas soviéticas, rechaza reivindicaciones territoriales, prohíbe el uso o la amenaza de la fuerza y prevé relaciones diplomáticas después de la ratificación. La declaración conjunta también prevé conectividad entre el territorio continental de Azerbaiyán y Najicheván a través de Armenia, sobre la base del respeto a la soberanía, la integridad territorial y la jurisdicción de los Estados, y presenta la Trump Route for International Peace and Prosperity (TRIPP) como el proyecto de ruta que Armenia desarrollaría con Estados Unidos y terceros acordados. Esa fórmula modificó la disputa sobre la vía de tránsito: un paso que Bakú trataba como eje estratégico dependería, al menos en el texto político, del derecho armenio y de participación estadounidense. Aun así, rubricar no equivale a entrada en vigor. En junio de 2026, la ejecución aún requería firma final, ratificación y arreglos sobre transporte, detenidos, desaparecidos, demandas internacionales y retórica hostil. El cierre del Proceso de Minsk por la OSCE en 2025 confirmó que el antiguo formato de mediación terminó antes de que existiera una paz plenamente probada.

Derecho internacional, desplazados y confianza política

El derecho internacional aparece en dos capas. La primera es territorial: la mayoría de los Estados reconocieron Nagorno Karabaj como parte de Azerbaiyán incluso cuando la región era gobernada por armenios locales. Esa regla favoreció la posición jurídica de Bakú, sobre todo cuando Azerbaiyán presentó sus operaciones como restauración de la integridad territorial. La segunda capa es humana: la soberanía territorial no elimina deberes de protección civil, retorno seguro cuando corresponda, no discriminación y preservación patrimonial.

Los casos ante la Corte Internacional de Justicia muestran esa segunda capa. Armenia y Azerbaiyán presentaron demandas recíprocas con base en la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial, un tratado que prohíbe la discriminación racial y da a la Corte una base para examinar disputas entre Estados partes. La Corte ya ha tratado medidas provisionales, es decir, órdenes urgentes destinadas a preservar derechos antes de la sentencia final, y cuestiones de competencia, pero una sentencia de fondo requiere tiempo. Estos procesos no sustituyen a la negociación política, aunque crean un registro jurídico sobre prisioneros, desplazados, discurso de odio, patrimonio y posibles obligaciones de protección. El texto de paz rubricado obligaría a las partes, después de su entrada en vigor, a retirar o resolver demandas interestatales vinculadas a la disputa anterior. Esa cláusula convierte el litigio en materia de negociación, sin borrar el registro jurídico ya creado. Ese desfase temporal condiciona la paz: la soberanía puede cambiar el control de una región en un día, mientras la responsabilidad jurídica suele avanzar durante años. En ese intervalo, desplazados, detenidos y patrimonio cultural dependen de garantías políticas antes de que exista una sentencia final.

La confianza política es todavía más lenta. Armenia debe explicar a sus ciudadanos por qué reconocer la integridad territorial azerbaiyana no significa aceptar nuevas presiones sobre Syunik ni abandonar a los desplazados de Nagorno Karabaj. Azerbaiyán debe decidir si quiere una paz basada solo en la capitulación del adversario o una normalización que reduzca el coste militar de largo plazo. Los mediadores externos pueden ofrecer foros, mapas, observadores y financiación. La confianza dependerá del comportamiento repetido de las partes en la frontera.

Conclusión

Las relaciones Armenia-Azerbaiyán han entrado en una fase posterior a Nagorno Karabaj. Todavía no han entrado en una fase posterior al conflicto. Azerbaiyán ganó la disputa militar por la región y recuperó el control territorial. Armenia intenta convertir la aceptación de fronteras reconocidas en seguridad estatal, apertura económica y protección mínima para los desplazados. La diferencia entre esos objetivos explica por qué puede existir un texto de paz antes de que exista una paz social y política.

El punto decisivo es el paso de la fuerza a la regla. Si la delimitación fronteriza, las rutas de transporte, las relaciones diplomáticas y los mecanismos de implementación se tratan como compromisos recíprocos, la victoria azerbaiyana podrá convertirse en un orden regional menos inestable. Si se tratan como instrumentos para obtener nuevas concesiones, el acuerdo solo trasladará la tensión de Nagorno Karabaj a la frontera armenia, a Syunik y a los foros jurídicos internacionales. La paz duradera depende menos de una ceremonia diplomática que de la capacidad de impedir que el mapa siga renegociándose mediante presión militar.